NEY BARRIONUEVO J. EN EXPRESO SOBRE EL NIÑO

El Niño destapa la vulnerabilidad del agro ecuatoriano y acecha la seguridad alimentaria

Producción, acceso y distribución de alimentos están en la mira del fenómeno. El Estado también deberá enfocarse en vigilar precios y contener la especulación

El fenómeno de El Niño llega a Ecuador en un momento de fragilidad estructural del sector agropecuario que ya venía acumulando presiones antes de que se confirmara este evento climático. La dificultad para potenciar niveles de producción, una agricultura familiar campesina (AFC) precarizada, el propio cambio climático y, en la costa principalmente, el abandono de tierras exacerbado por violencia del crimen organizado, son algunos de los factores que, explican el riesgo actual sobre la seguridad alimentaria del país. El Niño, coinciden los expertos consultados por EXPRESO, no origina estos problemas, pero puede intensificarlos.

“Quienes más sostienen el abastecimiento local de alimentos son los pequeños y medianos productores de la AFC”, señala Paúl Herrera, docente de la facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL. Mientras los sectores agroexportadores son claves para la economía, advierte que la producción destinada al consumo interno depende del primer segmento mencionado que enfrenta problemas de productividad, abandono del campo, migración de jóvenes y acceso al agua.

Esos desafíos están a punto de colisionar con la fuerza de El Niño, descrito por Ney Barrionuevo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, como un evento natural y recurrente, con un episodio fuerte por década, aunque el cambio climático intensifica sus efectos. El pronóstico actual de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estima más de 90% de probabilidad de que el fenómeno sea muy fuerte y 75% de que alcance una intensidad histórica.

Mientras que 2,6 millones de personas podrían estar en fase de crisis o emergencia alimentaria entre agosto y noviembre de 2026 según datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), citados por Herrera. Cabe aclarar que esa proyección aún no considera los posibles impactos de El Niño. Sin embargo, es la medición más reciente que apunta a Guayas, Esmeraldas y Pastaza como las provincias más críticas, lo que Herrera atribuye no solo a falta de disponibilidad de alimentos sino a un problema de acceso económico, puesto que hay personas que no pueden comprar la comida aunque esta exista.

Desde 2022 los precios de los alimentos han aumentado más que los de los productos no alimenticios y son uno de los principales motores inflacionarios del país: hasta junio de 2026, el índice de precios al consumidor (IPC) de alimentos se ubicó cerca de los 125 puntos, por encima del IPC general y del de no alimentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos recopilados por Herrera. En julio y agosto, sin embargo, el índice se contrajo 2,03 puntos porcentuales.

El ingreso condiciona el acceso a los alimentos

Pero la capacidad de adquirir alimentos es todavía más compleja, porque también depende de los ingresos de los hogares. Y aquí aparece una paradoja: los alimentos del país se producen en zonas rurales donde la pobreza sigue siendo elevada. A cierre de 2025, la pobreza rural alcanzó el 37,6% y la pobreza extrema, el 19,7%, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.

Barrionuevo recuerda que tras el Niño de 1997-1998 la pobreza rural saltó de 63% en 1995 a 67% en 1998, y a 75% un año después, ya sumados los otros desafíos de la época. Según la CEPAL, ese mismo episodio dejó 774.598 toneladas de arroz y 112.400 de maíz duro perdidas —entre cosechas dañadas y superficie que no se pudo sembrar—.

Las medidas para sostener el abastecimiento y mitigar la profundización de brechas

Por otro lado, el esfuerzo para sostener a la población rural que ya vive en pobreza o pobreza extrema no puede recaer solo en el Estado, que carga con una enorme crisis fiscal cada vez mayor. Ante un fenómeno de esta magnitud, advierte Barrionuevo, es imprescindible la colaboración público-privada. Por ello, la prioridad inmediata es sostener el acceso a los alimentos mientras se recupera la producción. Para ello, el exviceministro plantea activar la responsabilidad social empresarial: “el sector privado junto con el Estado tiene que contribuir con canastas alimentarias para los pobladores rurales que vayan a ser impactados y no puedan cultivar”. A esto se suma los bancos de alimentos, hoy concentrados en zonas urbano-marginales: “eso también se tiene que revertir hacia el campo”. Esto, en conjunto con mantener transitables las vías de acceso, mitigaría la inseguridad alimentaria en la ruralidad.

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